El Costo Oculto de la Inseguridad: Un Freno para el Crecimiento Empresarial en México

La inseguridad en México es, lamentablemente, una conversación cotidiana. La escuchamos en las noticias, la comentamos en la sobremesa y, para millones de empresarios, es una realidad con la que deben lidiar día a día. Sin embargo, a menudo se habla de este problema en términos de víctimas o estadísticas criminales, dejando de lado el elefante en la habitación: su demoledor impacto económico. Los datos más recientes del INEGI revelan que este no es un costo menor, sino una hemorragia financiera que asciende a $2.99 billones de pesos anuales para el sector privado, una cifra que equivale a una porción significativa del PIB nacional.

Para entender la magnitud de esta carga, es esencial mirar más allá de las pérdidas obvias. El costo de la inseguridad tiene dos caras. Por un lado, están las pérdidas directas que sufren las empresas a causa de delitos como el robo, la extorsión y el fraude. Pero por el otro, y de manera igualmente onerosa, está el gasto en medidas preventivas. Las empresas mexicanas se han visto forzadas a convertirse en sus propios guardianes, invirtiendo en guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia, alarmas y seguros. Este gasto, que representa más de la mitad del costo total, es un dinero que no se destina a la innovación, la expansión o la creación de empleos, sino a la mera supervivencia.

Las amenazas más comunes no son abstractas, son una realidad tangible para el 25% de las empresas que han sido víctimas de extorsión y el 22.9% que ha sufrido robo de mercancía. Estos delitos, lejos de ser incidentes aislados, son un cáncer que corroe los márgenes de ganancia, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de absorción de pérdidas que sí poseen las grandes corporaciones. La extorsión, en particular, opera como un impuesto ilegal que sofoca la actividad económica y genera un clima de miedo y desconfianza.

Quizás el dato más revelador, y el más alarmante, es la llamada “cifra negra”: el 90.1% de los delitos contra empresas no son denunciados. Este porcentaje abrumador no solo oculta la verdadera dimensión del problema, sino que refleja un profundo quiebre de confianza. La mayoría de los empresarios no denuncian porque perciben que es una pérdida de tiempo o, peor aún, que no servirá de nada. Mientras esta situación persista, la inseguridad seguirá creciendo en las sombras, sin que las instituciones puedan actuar sobre la base de datos reales y completos.

En última instancia, el costo de la inseguridad no es solo una factura a pagar, sino un freno para el desarrollo económico del país. Es un lastre que desalienta la inversión, reduce la competitividad y desvía recursos que podrían impulsar la innovación y la prosperidad. Abordar este problema de manera efectiva requerirá más que un simple esfuerzo de seguridad pública; demandará una estrategia integral que restaure la confianza, fortalezca las instituciones y cree un entorno donde el sector privado pueda prosperar sin vivir bajo la constante amenaza de la delincuencia. El crecimiento de México depende de ello.

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